Tras muchas negociaciones a lo largo de 2022, la nueva Ley de Vivienda ha llegado este abril.
Esta Ley, primera de su índole, regulará diferentes ámbitos del sector inmobiliario, centrándose en la parte del alquiler de inmuebles.
Con respecto a la propuesta de Ley de Vivienda 2022, se han suprimido siete artículos relativos a políticas de consumo, y se han modificado varios más.
En general, uno de los puntos más importantes es la ampliación de las zonas tensionadas en el mercado del alquiler y la regulación del precio de los alquileres en dichas. Una zona tensionada es aquella que cumple uno de los siguientes requisitos: que su precio haya aumentado más de 3 puntos porcentuales el valor del IPC en los últimos cinco años o que el precio medio de la vivienda supere el 30% de la renta media de la zona.
Así, y a través de esta Ley, los precios de los alquileres de los nuevos contratos estarán regulados y topados -el tope dependerá de la modalidad del contrato y del tipo de propietario-, conteniendo y reduciendo el precio de las viviendas de alquiler.
En cuanto a los propietarios, se ha decretado una diferenciación, distinguiendo entre grandes tenedores – aquellas personas físicas o jurídicas que tengan en propiedad 5 viviendas o más- y pequeños propietarios -aquellos que tengan en propiedad menos de 5 viviendas-. Además, estos tendrán la obligación de pagar la comisión de la inmobiliaria. Anteriormente, esta corría por parte del inquilino y, tras la nueva ley, todos los gastos y honorarios producidos por el alquiler correrán siempre a cargo del propietario.
Con el fin de proteger frente a los desahucios, también se han puesto nuevas medidas, siendo algunas de ellas:
- Poner fin a los desahucios sin fecha predeterminada.
- Se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento.
- Acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para personas vulnerables.
- Las Comunidades Autónomas podrán articular mecanismos propios de mediación y alternativa habitacional.
- Se podrán utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda para personas en riesgo.
